JAQUE INGRATE

El fantasma del secuestro hace parte del sinnúmero de amenazas que Colombia está enfrentando en el limbo de la resignación y la tolerancia. Nadie sabe realmente la dimensión de este padecimiento hasta que la cercanía de esta amenaza se manifiesta. Sin embargo, es esto suficiente para justificar todo tipo de reacciones de los perjudicados?

Aunque han pasado unos pocos días, aun se mantiene como parte de la temática central de todas las conversaciones del grueso poblacional colombiano la engorrosa movida de Ingrid Betancourt en su intento de demandar al Estado por su secuestro.

Y aunque en la mayoría pareciese existir un sentimiento de rechazo a las pretenciones de la excongresista y excandidata a la presidencia, subsiste un grupo de entendidos en temas políticos que ponderan la actitud de esta mujer.

Por tal motivo resulta necesario hacer reminiscencias en torno al mencionado secuestro. En el año 2002, concluyendo un gobierno polémico en manos de Andrés Pastrana, la bandera de la paz que estaba sostenida por una cuestionada 'Zona de distensión' había sido depuesta por el incumplimiento del grupo guerrillero de las FARC.

El romanticismo de algunos por llegar a la paz a través del diálogo con estos delincuentes, y principalmente el afán mediático por ganar votos populares a través de actos de intento mesiánico por rescatar las mesas de negociaciones, llevaron a algunos candidatos a pensar en viajar directamente al Caguán.

No obstante, organismos gubernamentales y la fuerza pública manifestaron la inconveniencia de este tipo de decisiones, teniendo en cuenta que la situación política había desatado un cambio en las reglas del juego, que desencadenarían un incesante fuego cruzado que limitaría las garantías de seguridad.

Pero la candidata a la presidencia por el partido de entonces Partido Verde Oxígeno, decidió viajar por sus medios a San Vicente del Caguán, aprovechando el viaje del presidente para verificación de la retoma  de la zona por parte de la fuerza pública, argumentando el deseo de apoyar al alcalde del municipio, miembro de su partido, y a los habitantes.

Tras la negativa del ejército a movilizarla en helicóptero por las limitantes ya mencionadas, Ingrid Betancourt decide hacer viaje por tierra desde Florencia, encontrándose con dos retenes, uno de ellos a cargo de un general del ejército, quien reitero las ya mencionadas advertencias de enfrentamientos con la guerrila en los kilómetros cercanos. Esto no la detuvo; ordenó a su escolta continuar el trayecto.

Más adelante fue retenida por las FARC, junto a su jefe deb debate, Clara Rojas, pero fueron distribuidas en móviles diferentes. Más adelante, desde el cautiverio, sus declaraciones coincidieron con las de sus copartidarios, acusando al gobierno de turno por este impase.

Betancourt se sumaría a la lista de secuestrados políticos del grupo guerrilero, con los cuales pretendían abrir el camino a un 'Acuerdo Humanitario' que hablaría de su 'voluntad' para solucionar el conflicto por un caminoo no violento. Pero el lenguaje del secuestro y el homicidio, además de otros delitos, se seguía desarrollando.

Cinco meses después del secuestro se conoció la primer prueba de supervivencia, a través de la cual Ingrid Betancourt no escatimó en responsabilizar al gobierno Pastrana, no solo de su infortunio, sino del manejo de las políticas respecto al restgo de plagiados.

Un poco más de un año transcurrió hasta la siguiente prueba, en esta ocasión sin la compañía de Clara Rojas, haciendo mención de las posibilidades de un rescate militar, bajo cálculos responsables, y de un acuerdo humanitario. 

Desde entonces, nunca más hubo mensajes directos. No al menos hasta mayo de 2007, cuando Frank Pinchao, miembro de la Policía Nacional, logró escapar de las FARC, y mencionó que Betancourt lo acompañó por dos años hasta días previos a la fuga. Asimismo ratificó la información del embarazo y parto de Clara Rojas durante el cautiverio.

Mencionó que, a manera de castigo, Ingrid Betancourt estaba obligada a llevar una cadena permanente sobre su cuello, y estaba aislada de prensa y radio, después de un intento de fuga, por lo cual eran frecuentes algunas riñas verbales con los guerrileros.

Seis meses después, con un ambiente político inapropiado por el anuncio del gobierno de Álvaro Uribe de suspender la colaboración de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y Piedad Córdoba, senadora colombiana de la oposición, en las gestiones de liberación de secuestrados, se conocieron nuevas pruebas incautadas.

Un video que revelaba una mujer cabizbaja y resignada, y una carta dirigida a su madre en la cual expresaba su pesimismo, y sus deseos para los más allegados, denotaban su interpretación de la experiencia vivida como símil de la esclavitud aceptada hasta hace dos siglos.

Durante años las voces de Colombia y el mundo reclamaban su liberación. Aun algunos manifestantes de países europeos, en medio de una catedralicia ignorancia, solicitaban con arengas y pendones al gobierno colombiano la liberación de Bedtancourt, como si se tratase de un acto estatal.

La familia de Betancourt se movilizó, principalmente su madre, Yolanda Pulecio, rechazando el actuar gubernamental, y buscando ayuda internacional, la cual no demoró en hacerse sentir, al menos mediáticamente, y principalmente en Francia, por la nacionalidad de la secuestrada.

El 2 de julio de 2008 fue realizada la operación militar más representativa para las fuerzas colombianas: la Operación Jaque. En las selvas del departamento del Guaviare, con una estrategia filial al ajedrez, con más mente que fuerza, sin disparar una sola bala, Ingrid Betancourt fue rescatada, junto a tres norteamericanos, y once militantes de la fuerza pública, entre ejército y policía.

No fue escasa su expresión de satisfacción por la libertad adquirida, ponderando reiterativamente la acción militar, la cual calificó como 'perfecta'. Felicitó a las fuerzas, en cabeza del presidente Uribe, y reconoció las ventajas de un rescate militar bajo ese tipo de garantías.

Inmediatamente abandonó el país y se adentró en un tour de promoción antisecuestro, que le llevó a un premio Príncipe de Asturias de la Concordia y a una postulación al premio Nobel de la Paz por parte de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

La verdad, hasta entonces, se había convertido en una cara promocional del mensaje de paz y libertad requeridas por Colombia, pero no se le reconocía ninguna gestión verdaderamente activa, al menos no tan magna como para considerarla abanderada de los demás secuestrados.

No hubo una notoria manifestación pública hasta la primer semana de julio de 2010, cuando se conoció una demanda que Betancourt interpuso contra el Estado colombiano, por una suma de 15 mil millones de pesos a razón de los años de cautiverio, para beneficio personal y de su familia.

Como era de esperarse, el gobierno de turno y los representantes del de entonces, la fuerza pública, y la comunidad en general, rechazaron categóricamente esta actitud, bajo un sentimiento común que alguna columnista nacional calificó de 'Ingridnación'.

Por tal motivo aceptó la invitación a una entrevista emitida por radio y televisión nacionales, en la cual justificó las razones del proceso de conciliación y la demanda contra el Estado, argumentando representar a todos los secuestrados y ex secuestrados y a sus familias, y catalogando la suma solicitada como 'simbólica'.

Hasta donde se conoció el contenido de la demanda, en ningún lugar se mencionaban como beneficiarios a personas diferentes a Betancourt y su familia, por lo cual el argumento de la representación resultaba inviable y descaradamente oportunista.

Lo del simbolismo de la suma solicitada sí resulta veraz. Quince mil millones de pesos simbolizan su descaro, avaricia, oportunismo, falta de personalidad, irresponsabilidad, ingratitud, y demás cualidades que salieron a flote con gran facilidad.

A su vez, esta polémica abrió los ojos de la nación para conocer otras demandas que algunos ex secuestrados han adelantado con el mismo propósito (valga la pena aclarar que todos son de origen político y de familias de alto renombre, y en ninguna existen como beneficiarios militares y policías de bajo rango, campesinos, u otras vísctimas de origen humilde).

Quienes defienden la posición de Betancourt ponderan la necesidad de forzar al Estado a resarcir los actos de los grupos al margen de la ley, critican a los medios de comunicación por su promoción de 'cizaña', y catalogan a la población colombian como ignorante en el conocimiento de un estado social de derecho.

En pocas palabras, el encabezado de la carta magna condena a Colombia a convertirse en un Estado que subsidie los actos delincuenciales de los grupos apátridas al margen de la ley, de los cuales las FARC resultan grandes abanderados, y asimismo dan vía libre a las pasiones desenfrenadas e irresponsables de quienes han sufrido el flagelo del secuestro y focalizan responsabilidades en actores equivocados.

La libertad es invaluable, eso no se discute. Pero la de aquellos que no tienen voz por sus limitantes económicas y/o políticas, vale menos? La vida de quienes perecieron en maniobras de rescate o en las que les precedieron, así como las de la población que ha estado en medio durante el conflicto, vale menos?

'Ingratitud Betancourt', como debiera ser bautizada, decidió retirar la demanda, forzada por la presión social antes que por la reflexión personal, sin poder evitar lo que muchos calificaron como suicidio político y hasta social.

El ex precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias tuvo un chispazo en Twitter al inicio del barullo por la demanda cuando promovió sarcásticamente la 'Operación Enroque', dando a entender que resultaría benéfico plantear a las FARC el retormo de Betancourt a la selva; lo borró con inmediatez, pero la red tiene memoria voraz.

Es una posibilidad que muchos siguen considerando, tras el sentimiento contrario que ha generado esta infortunada decisión de Ingrid Betancourt que, haya sido a título personal o por estímulo materno, no dejará de tornarse altamente controversial y vergonzosa.